Yo creo que el Gobierno, con su presidente al frente está muy mal asesorado y los actos ejecutivos que promueve están mayormente equivocados. En última instancia la carga fiscal de estas medidas, que pueden ser o no técnicamente necesarias, y la que debiera soportar los gastos sociales, tendría que fundamentarse en la utilización de escalas más progresivas en todo tipo de impuestos personales, procurando el principio constitucional de la redistribución equitativa de la renta y de que pague más quien más tiene.Si en vez de recortar algunos “derechos” de los ciudadanos, hubiera optado por subir escalonadamente los tipos en el IRPF, hubiera obtenido el mismo resultado buscado y habría conseguido además una cuestión primordial en un gobierno presuntamente progresista, como debiera ser la redistribución de la riqueza y probablemente un futuro mejor resultado en las próximas elecciones, porque el grueso de los españoles creo que es progresista y de izquierdas.
Por otra parte, el gobierno de la nación y todos los entes públicos, cualesquiera que sean, están obligados a salvaguardar los derechos constitucionales y en especial el derecho a la vida y a una vida digna. Si no se regulara el consumo, podrían darse situaciones trágicas de contaminación brutal, imaginemos el centro de una ciudad sin regulación del tráfico, con el consiguiente perjuicio para la mayoría de los ciudadanos que allí habitan.
Con buen criterio el estado debería recoger en sus decisiones el principio de la reciprocidad kantiana “…el límite de la libertad individual es el punto en que se perjudica la libertad de otro” y esa una de las razones fundamentales por las que el Estado debe legislar y no sólo para beneficiar a una serie de poderosos tecnócratas que históricamente se ha demostrado que procuraran normalmente su beneficio personal y el de los poderosos que los rodean.
La limitación de velocidad a 110 km/h en las autovías y en las autopistas parece ser una medida poco popular, y probablemente no sea nada electoralista, porque la mayoría de los consumidores la ven como un ataque personal a su libre albedrío y hubieran soportado más estóicamente una reducción del consumo provocada por la vía normal de la progresiva subida de precios en los carburantes por el mercado, que por ese decreto. Ahora si es momento de que el IVA -impuesto sobre el consumo- juegue su papel, recaudador y racionalizador de forma eficaz; pero no debiera el ejecutivo olvidar que son los tributos personales los que deben sustentar las cargas sociales.
