martes, 10 de febrero de 2009

La importancia del principio de progresividad de los impuestos.

Cuando estudiaba económicas en la Universidad de Santiago, uno de los conceptos más importantes y más respetados por la mayoría de los eruditos especialistas en sistemas fiscales, era la necesidad de que aquellos que tienen más y que obtienen más rentas del sistema contribuyan más al mismo. En la constitución española éste principio quedó reflejado en el: Art. 31
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

El transcurso de los años, me ha permitido observar las dificultades existentes, que a la hora de establecer un sistema tributario justo, se han manifestado por los sucesivos gobiernos, que la democracia nos ha deparado. Una de las medidas menos progresista y no por ello menos equitativa, es la aplicación de un tipo de gravamen fijo a los rendimientos del Capital, independientemente de la cuantía de las rentas obtenidas el tipo aplicable es actualmente del 15 %. Este tipo se aplica por igual al contribuyente que percibe una renta de mil euros que el que percibe un millón, es decir que la escasa progesividad que había en generale en el IRPF se ha congelado para este tipo de rentas. Además considerando el resto de las rentas, al reducir el tipo máximo aplicable y el número de tramos sobre los que se aplican los diferentes tipos, se reduce también la progresividad y eso aunque se intente justificar, con el incremento de la cuantía global, de la cantidad que está exenta de declaración por rentas individuales o conjuntas, para aquellas familias que hacen este tipo de declaración; que en la mayor parte de los casos resultan en declaraciones a devolver, con el consiguiente ahorro para el fisco si no se presentan dichas declaraciones.

Por otra parte, nos encontramos con la práctica desaparición del impuesto de sucesiones y también los impuesto del patrimonio. Todo ello favorece a unos pocos que tienen grandes fortunas y ostentan riqueza y bienes muy por encima de una hipotética clase media española. Esta clase media es la que al final tiene que seguir manteniendo en funcionamiento sistema económico, y especialmente en la medida que se mantengan o se incrementen las prestaciones sociales, que las administraciones deberían gestionan atendiendo a los apartado 2 y 3 del art. Constitucional citado que trascribo:
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley.

¿Se han olvidado nuestros gobernantes de los principios constitucionales?

Mientras existía crecimiento económico todo iba bien, porque incluso las clases menos pudientes recibían algo del desarrollo insostenible en el que hemos estado inmersos, aunque fuera a costa de hipotecar el futuro de nuestros descendientes, pero ahora la burbuja ha estallado y la crisis está encima y se deben repartir sus efectos progresivamente, si queremos que el sistema aguante: Que paguen más los que más tienen. Y esa es la función más importante que debe asumir una administración demócrata en el ayuntamiento, en la comunidad autónoma, en el gobierno del estado y, en todos los ámbitos, incluidos los internacionales.