martes, 29 de septiembre de 2009

La reforma impositiva 2009.


Tanto va el cántaro a la fuente que termina rompiéndose. La reforma fiscal que se barrunta en los medios de comunicación es necesaria, pero la forma en que se hace no parece ser adecuada. El objetivo es reducir el déficit que se ha producido por una política social, a mi modo de ver correcta, que se ha preocupado de incrementar y extender a más beneficiarios las prestaciones sociales, pero también por las consecuencias de la depresión acaecida por la crisis financiera mundial y que este gobierno a heredado de los anteriores y en la que el Estado, no ha recogido de momento, los ingresos necesarios para su financiación.
Ante está situación el gobierno de la nación podría optar por varias opciones que recondujeran la situación a saber:


La reforma tributaria: la tasa sobre rentas de capital, debiera de homogeneizarse, en la progresividad, a las rentas del trabajo.
Las medidas impositivas deberían dedicarse, en la medida de lo posible, a gravar esas rentas desconsideradas que se han obtenido por especuladores y ejecutivos financieros o no, que son en gran medida responsables de la crisis que vivimos en estos momentos. Considerar los sueldos, gratificaciones, y otros emolumentos millonarios de banqueros, que han puesto en peligro la continuidad de sus bancos en el medio y largo plazo, y los consejeros y ejecutivos que han cobrado bonificaciones por reconocer resultados que no se sostienen más que en el corto plazo o por haber vendido sus empresas a otras extranjeras, lucrándose de estas operaciones, a costa de inconsistentes permisos administrativos, que no han tenido en cuenta el interés social ni de los accionistas minoritarios ni de los consumidores e incluso de la propia empresa.
Detráigase de los corruptos salarios de presidentes, consejeros y ejecutivos los correspondientes tributos y se haga con ello más justicia y redistribuyan consecuentemente la renta nacional.

- De los consejos de administración y altos ejecutivos de las mayores empresas se obtendrían con un gravamen adecuado y contabilizando del orden de 2.400 consejeros y ejecutivos que han cobrado, de media: 1,2 millones de euros anuales, en emolumentos o gratificaciones, en su mayor parte indebidas por computarse con resultados de corto plazo que no se sostienen ni siquiera si contablemente se considerasen criterios de fidelidad y si se aplica coherentemente una actualización en el IRPF, con escalas más progresivas y una tasa sobre rentas de capital, que debiera de homogeneizarse, a las rentas del trabajo. Se obtendrían con este proceso al menos 650 millones sin contar con lo que se obtendría de otras figuras como deportistas y famosos que todos conocemos y se hayan muy bien remunerados. Elevar el límite máximo de la escala hasta el 60 ó el 70 % de la a rentas obtenidas por estas grandes fortunas y así no tendría porque soportar el peso de la depresión la clase media y trabajadora como siempre. Además con esta política se da trabajo a agentes de inspección de rentas para cumplir estos objetivos de recaudación.

- Impuesto sobre el lujo, de determinados artículos suntuarios: Coches, yates, joyas, hoteles, mansiones,…, etc. Se pueden detraer grandes cantidades para el bienestar de todos.
- Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.
- Recuperación del I sobre Sucesiones y Donaciones.

Lo que no es justo es establecer el mismo tipo para todas las rentas de capital. No se puede gravar la renta que obtiene un trabajador que ha conseguido ahorrar una cantidad de dinero a lo largo de su vida laboral y la mantiene en depósitos o una cuenta de ahorro y que obtiene intereses en línea con los que ofrecen normalmente los bancos, de la misma forma que los incrementos que ha obtenido por enajenar acciones un especulador que consiguió vender por ejemplo acciones de telefónica compradas en el mismo año y por las que ha obtenido unas plusvalías del 40 %.

Estas medidas serían realmente progresistas y no perjudican la eficacia y la productividad, que son necesarias para un desarrollo sostenible.


Los incrementos en los tipos sobre el valor añadido, no son aconsejables, perjudican el consumo la producción y el que se restablezca un sustrato económico para la recuperación.

Recorte de determinados gastos y prestaciones sociales. Por ejemplo la supresión de la prestación por nacimiento para potenciar la natalidad de 2.500 euros, ya que no tiene mucho sentido en una situación de crisis, y de la que se benefician injustamente personas con rentas altas, que no la necesitan. Sería una medida económicamente eficiente que recortaría el gasto público y adaptaría las prestaciones a la realidad social actual que se caracteriza por una abundante mano de obra en paro, y el sistema no es que necesite más potencial mano de obra, cuando no se ocupa toda la existente. Esto no debe impedir que se establezcan ayudas para aquellas familias que vayan a procrear y que realmente lo necesiten, pero este tipo de ayudas deberían establecerse por otros conductos más personales y sociales que genéricos e impositivos.
Si contabilizamos 500.000 nacimientos * 2.500 € de subvención = 1.250 millones, de ahorro para las arcas públicas, que se pueden destinar a recortar el déficit.

Ver INE